Se habla de bajar la imputabilidad de los menores a 12 años. Se habla de la confiscación de los bienes privados. Se habla de los despidos en fábricas. Se habla de una recesión mundial y la baja en las ganancias. En definitiva, se habla de individuos, de derechos individuales, pero se excluye la sociedad, la misma que reclama y pide valores, cultura del esfuerzo, lazos solidarios.
Durante los años de bonanzas, los trabajadores sostuvieron y sostienen una política cambiaria desfavorable para sus intereses, pero este esfuerzo se entendía en tanto éste, generaba fuentes de trabajo. Había que aumentar la producción y a su vez aumentar la competitividad en los mercados externos, para así incentivar a los empresarios a invertir y generar empleo en base a esa demanda.
A partir de la crisis financiera o el quiebre de la economía norteamericana, estos parámetros están cambiando. El mundo baja sus demandas, fruto de los resguardos que cada economía en particular toma para sí. Y vuelve a surgir el tema del “excedente”. Hay un sector de la población que se torna descartable, o por lo menos no necesario para los tiempos que se avecinan. Pero estas medidas son precautorias, preventivas ante la posibilidad de ver reducirse sus ganancias.
Cómo explicarle, desde el aula, a un adolescente, la importancia del esfuerzo, del valor de la solidaridad, si en la casa alguien se queda sin trabajo porque el empresario tiene miedo de ganar menos, si el futuro que le presentan como respuesta es la cárcel. La violencia tiene un gran componente humano, pero su origen es la desigualdad social en la que se está inserto. Y es en estos momentos donde el Estado debe actuar, no hablándoles con el corazón y esperando la buena voluntad, sino con leyes que pongan a resguardo, que prevengan las futuras pérdidas de los trabajadores, porque cuando el ciclo vuelva a subir, volverán a tomar individuos para realizar las tareas que sean necesarias, pero habremos perdido, una vez más, la construcción de una sociedad, justa e igualitaria, que entienda la necesidad imperiosa de construir juntos.
El Estado no puede ser el garante, solamente, de los intereses empresariales y sus demandas, debe resguardar, también, a los que menos oportunidades y recursos tienen de soportar cualquier crisis.
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